INFORME ANUAL SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY 12/2014

El Ilustre Ayuntamiento de Villa de Arico publicará los Informes Anuales sobre el Grado de Cumplimiento de La Ley Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Gobierno de Canarias:

• Año 2018: Informe grado de aplicación y cumplimiento de la Ley 122014.
• Año 2017:  Informe sobre el grado de aplicación y cumplimiento de la Ley 122014
• Año 2016: Informe sobre el grado de aplicación y cumplimiento de la Ley 12/2014 

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

• Ley 19/2013, de 09 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
• Ley Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
• Ordenanza reguladora de la Transparencia, Acceso a la Información Pública y Reutilización del Ilustre Ayuntamiento de Villa de Arico.

 

LEY 12/2014, DE 26 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA, Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

La Ley Territorial Canaria 12/2014, de 26 de diciembre de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, tiene por “objeto la regulación de la transparencia de la actividad pública y del ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias” (art. 1).
La Ley 12/2014, se diferencia de la legislación estatal en que la Ley Canaria incluye un régimen sancionador específico relativo a la transparencia y al derecho de acceso a información pública y recoge el régimen de infracciones y sanciones disciplinarias.
El ámbito subjetivo de esta Ley comprende tanto la Administración pública de la Comunidad Autónoma como las entidades públicas y privadas vinculadas o dependiente de la misma, las instituciones estatutarias, los partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales así como a las demás entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas financiadas con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias, cuando las ayudas o subvenciones que perciban superen los 60.000 euros o cuando las mismas representen al menos el 30% del total de sus ingresos anuales siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros. Y, finalmente, la obligación de suministrar información de las personas físicas y jurídicas que presten servicios públicos, ejerzan potestades administrativas o tengan vinculación contractual con los organismos y entidades públicas sujetas a la ley.
La Ley recoge las normas que rigen el derecho de acceso a la información pública, regulado y garantizado por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.